Fuente: cincodias
- El nuevo perdón al endeudado está en el tejado del Tribunal de Justicia de la UE
La Ley Concursal está de aniversario. Mañana, 26 de septiembre, cumple un año de vida la reforma que incorporó al derecho español la directiva de marcos de reestructuración preventiva de la Unión Europea. Un sistema que busca atajar cuanto antes los problemas de insolvencia de las empresas para preservar el entramado industrial y mantener los empleos. En medio de una crisis económica, la aplicación de la norma ha generado alguna que otra problemática. Sobre todo, en las negociaciones para reestructurar compañías en riesgo de insolvencia. CincoDías ha preguntado a distintos expertos sobre las principales lecciones que arrojan los pasados doce meses.
Segunda oportunidad
Las estadísticas del Colegio de Registradores muestran que la crisis del Covid-19 ha disparado las peticiones de segunda oportunidad de empresarios que solicitan el perdón de sus deudas. Según los últimos datos, tras la reforma los concursos de personas físicas se mantienen por encima de los 4.000 trimestrales. En este ámbito, colea la polémica por la decisión del legislador español de restringir la condonación de deudas públicas a un máximo de 20.000 euros (10.000 de Hacienda y otro tanto de la Seguridad Social). Esta cuestión ya ha saltado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que está pendiente de resolver cinco cuestiones prejudiciales planteadas por diferentes magistrados españoles.
Juego de clases
Las reglas para la formación de clases de acreedores han sido una de las novedades de la ley que más polémica ha acaparado en el primer año de vida de la reforma concursal. Ha dado juego en casos como los de Celsa, Xeldist o Single Home.
Las “clases” agrupan a los acreedores a la hora de votar los planes de reestructuración, el eje del actual preconcurso. Para Cruz Amado, directora responsable de reestructuraciones e insolvencias de Deloitte Legal, la nueva ley cuenta con ventajas porque “aporta la flexibilidad necesaria para que las clases puedan reflejar la estructura real del pasivo de una compañía”. Sin embargo, la laxitud de las reglas también puede favorecer la formación artificiosa de clase, como en el caso Xeldist. Para evitarlo, Amado considera que la solución pasa por estrechar las distancias y “generar proximidad entre todas las partes implicadas en la reestructuración”. Como explica, “las tensiones financieras que precipitan estos procesos no surgen inmediatamente y los acuerdos deben negociarse con margen para que los esfuerzos estén equilibrados”. La anticipación es clave.
No obstante, esta experta no considera necesaria una reforma legal en materia de formación de clases, sino que prevé que con la práctica se irán matizando los desajustes vividos hasta la fecha.
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