Fuente: autónomosyemprendedor
- La Agencia Tributaria utiliza interpretaciones administrativas que no han sido validadas por el Congreso, según el Consejo General de Economistas. Lo que afecta sobre todo a los autónomos en el sistema de módulos, que no tienen la seguridad de estar tributando correctamente.
La inseguridad jurídica en materia fiscal preocupa más que nunca a autónomos y pymes tras la advertencia lanzada por el Consejo General de Economistas, que denuncia que algunas medidas tributarias están aplicándose en la práctica mediante interpretaciones de Hacienda, pese a no haber sido convalidadas en el Congreso. Este escenario, que los expertos consideran excepcional, introduce dudas relevantes para miles de contribuyentes. Sobre todo, en sistemas como el régimen de módulos, del que dependen muchos miles de autónomos.
El aviso se ha producido durante la presentación del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026. En él, los economistas han cuantificado además la creciente complejidad del sistema tributario en España, con más de 1.100 cambios normativos en un solo año impulsados por las comunidades autónomas. Este volumen de modificaciones, unido a la disparidad de criterios entre territorios, complica cada vez más el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la planificación de la actividad económica.
Desde el punto de vista práctico, esta situación se traduce en decisiones difíciles para autónomos y pymes, que deben operar en un entorno ya de por sí tenso y, en ocasiones, poco claro. “Aunque no se treta de una práctica habitual, sino más bien excepcional”, advirtió a este diario Raquel Jurado Ibáñez, técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE), este tipo de actuaciones “genera riesgos evidentes para autónomos y pymes”, al obligarles a actuar sin una base normativa plenamente consolidada.
Según los economistas, Hacienda aplica «criterios sin ley» y genera dudas fiscales
Uno de los aspectos más delicados que destaca el informe es el uso de interpretaciones administrativas para mantener efectos de normas que han decaído. Lo cual, según los expertos, desdibuja los límites del marco legal vigente. En este contexto, Raquel Jurado explica que la situación “introduce un terreno gris desde el punto de vista jurídico, al no existir un desarrollo normativo claro que respalde estos criterios”.
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